Se congela el ingreso de personal al Estado para limitar el gasto público

10 Jul 2018

Con el objeto de "limitar el gasto público", el Gobierno Nacional emitió un decreto que congela el ingreso de nuevo personal a la Administración Pública Nacional hasta diciembre de 2019. Cambios en régimen de viáticos y convenios con entidades y Universidades. 

 

 

Este martes, fue públicado en el Boletín Oficial el Decreto 632/2018, que lleva las firmas de Mauricio Macri, Marcos Peña, Andrés Ibarra y Nicolás Dujovne; y al cual se invita a adherir a Provincias, Municipios y Poder Legislativo y Judicial. Mediante éste, se congela el ingreso de personal a la Administración Pública Nacional hasta Diciembre de 2019. Esta medida fue preparada como parte de un paquete de medidas para cumplir con las metas de déficit fiscal pactadas con el Fondo Monetario Internacional. 

 

Según reza el decreto, teniendo en cuenta "que la calidad en la gestión pública depende del cumplimiento del principio de economía, esto es, que el funcionamiento de la Administración Pública propenda a la utilización racional de los recursos públicos; que la asignación de recursos a la Administración Pública debe ajustarse estrictamente a los requerimientos de su funcionamiento para el logro de las metas y objetivos previstos; que para cumplir con el citado principio de economía, se requiere instrumentar diversas acciones que permitan brindar respuestas eficientes con la asignación de los recursos disponibles; que las medidas propiciadas se inscriben en ese marco, teniendo como fin una Administración Pública más eficiente y eficaz" el proceso ya iniciado  "tendiente a dotar de eficiencia y eficacia al funcionamiento de la Administración Pública Nacional requiere la adopción de medidas para limitar el incremento del gasto público, en especial, el derivado del crecimiento de la planta de personal de las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional". 

 

Quedan exceptuados de esta medida " la Agencia Federal de Inteligencia, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el Servicio Penitenciario Federal, las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excluido el personal civil de las citadas fuerzas". 

 

Además, el decreto establece que los convenios realizados con entidades y Universidades, muchas veces diseñados para ingresar de forma oculta personal al Estado, "ya sean nacionales, provinciales, municipales o privadas,(...) quedarán sin efecto a partir del 1° de enero de 2019". Asimismo, no se podrán celebrar nuevos convenios a partir de la entrada en vigencia de este decreto. 

 

Con respecto al pago de bonificaciones, premios, incentivos o suplementos. Las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo Nacional (...) que abonen a su personal, se trate de personal jerárquico o no, bonificaciones, premios, incentivos o suplementos salariales en dinero o en especie, deberán informar, dentro del plazo de 30 días de la entrada en vigencia de este decreto, la norma que dispuso su creación y aplicación, sus características y la planificación de su pago para el año en curso a la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público. Esa Comisión dictaminará respecto de la procedencia e impacto presupuestario" de esas erogaciones. Además, no se podrán instrumentar nuevos beneficios hasta el 31 de diciembre. 

 

En cuanto a los gastos de movilidad, comida y viáticos, se ordena a cada Ministerio que presente un informe "en el que se contemple la evolución del pago por servicios extraordinarios, gastos de movilidad, gastos fijos de movilidad, reintegro por gastos de comida y viáticos, que avale su cumplimiento y se prevea una disminución del 30% en tales conceptos para lo que resta del ejercicio presupuestario en curso". 

 

Por otro lado, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, deberán realizar un "relevamiento de vehículos de uso oficial que se encuentren tanto a disposición del traslado de funcionarios como los destinados al uso operativo del área a la cual se encuentren asignados, y la elaboración de un informe de flota óptima para cada jurisdicción u organismo relevado" para su posible transferencia o venta. Además, suspende toda adquisición de nuevos vehículos. 

 

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