El ajuste como política de Estado

10 Jun 2018

Esta semana han finalizado las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y, aunque la letra chica del plan y la aprobación final por parte del Directorio del organismo aún permanecen pendientes, ya se conocen las metas y parte del acuerdo. 

 

 

Para el desembolso de los 50 mil millones de dólares que se acordaron con la entidad que preside Christine Lagarde, las metas fiscales que se fijaron en 2018 deberían cerrar con un 2,7% del PBI y 1,3% en 2019. Es decir, Mauricio Macri terminaría su mandato reduciendo el déficit fiscal a la cuarta parte de lo que recibió. 

 

Sin embargo, lo llamativo -y lógico- del acuerdo, es que las metas que se acordaron van más allá del Gobierno de Cambiemos. Se establecieron metas para el 2020 que muestran equilibrio primario y para 2021, un superávit fiscal del 0,5%. 

 

El ajuste que estas ambiciosas metas requieren pueden realizarse de 2 maneras: 

- Ajustar al sector privado, para aumentar los ingresos del Estado (reduciendo todavía más los subsidios a la energía y al transporte; y aumentar los impuestos)

- Ajustar el sector público, para achicar los gastos del Estado (despedir personal, eliminar privilegios, etc) 

 

La primera opción parecería ser lo que se viene haciendo hasta el momento, dado que, como se ha expresado en este espacio previamente, no ha habido gradualismo con el sector privado ni con la clase media. Se ha hecho, de shock, el necesario reajuste tarifario tanto a la energía como al transporte y no se ha cumplido con la promesa de eliminar el impuesto a las ganancias. 

 

Esto ha golpeado al sector privado y ha beneficiado al sector público, ya que no fue hasta hace unas semanas que se eliminaron algunos impuestos en las tarifas de energía. Hasta entonces, al ser impuestos un porcentaje del valor del servicio, cuando aumentaron las tarifas, también aumentó la recaudación impositiva; permitiendo seguir financiando el despilfarro que el sector público lleva a cabo desde hace décadas. Curioso: Antes los ciudadanos eran esquilmados con impuestos con la excusa de recibir subsidios. Ahora, se sigue esquilmando a los mismos ciudadanos pero reciben menos subsidios, ¿cuál es la excusa para semejante presión impositiva ahora?

 

La segunda opción sería la forma ideal de encarar esta situación y poder alcanzar el superávit primario aún más rápido. Achicando la planta estatal; suprimiendo doble funciones; eliminando ministerios, secretarias y coordinaciones. Además, poniendo la lupa sobre los privilegios de los funcionarios, no sólo del Poder Ejecutivo Nacional, sino también del Poder Legislativo, que tiene un presupuesto que ronda los 20 mil millones; el Poder Judicial, con un presupuesto de aproximadamente 30 mil millones; y, por supuesto, los poderes provinciales y municipales. Adicionalmente, y una vez realizada la labor anterior, debe hacerse un control más estricto sobre la ayuda estatal, para eliminar punteros y detectar fraudes en la asignación de estos recursos.

 

Esta opción, desde ya, debería ir de la mano de una fuerte desregulación tanto del comercio como del mercado de trabajo y de una drástica baja de impuestos para liberar todo el potencial del sector privado, ahora atrapado bajo las pesadas patas del elefante público. 

 

¿Cuál será la que esta vez elija hacer la política? ¿Estarán esta vez nuestros gobernantes a la altura de las circunstancias? 

 

De cualquier manera, sea cual sea la opción que elija, este acuerdo viene a sellar de una buena vez, la política de Estado que Argentina más desesperadamente necesita. 

 

Al establecer metas de déficit fiscal más allá de su mandato, Mauricio Macri ha garantizado que quien sea que asuma en 2019, deba seguir con la reducción del déficit fiscal o enfrentarse a un desfinanciamiento y verse enviado nuevamente al ostracismo al cortar las buenas relaciones con el mundo que este Gobierno supo conseguir. 

 

Mauricio Macri le ha dado a la Argentina la bendición de convertir al ajuste del gasto público en una política de Estado. Sólo resta saber quién pagará los costos de este ajuste para cumplir con las ambiciosas metas propuestas. ¿Serán la clase media y el sector privado, nuevamente, los que deberán cargarse al hombro el futuro del país? Los ciudadanos de bien de esta gran Nación, no deberíamos permitirlo. Tenemos que ser responsables y dar lo que nos corresponde pero también ser conscientes, redefinir el rol del Estado y ponerle serios límites. 

 

Debemos acompañar al Gobierno, celebrar las medidas que se tomen en el sentido correcto, aunque siempre parecieran insuficientes; pero a la vez vigilar y ser garantes de que esta vez sea el sector público y las corporaciones políticas, judiciales y sindicales, las que paguen los costos de este ajuste. 

 

Se nos presenta una nueva oportunidad, se abre un nuevo camino hacia el primer mundo. Un camino que nos aleja del populismo esclavista y colectivista y nos acerca a la libertad. Por favor, tengamos grandeza y responsabilidad como sociedad. Tomémoslo de una vez. 

 

 

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