Una nueva intervención a la economía aprobada en Diputados

23 Nov 2017

Este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó la ley de Defensa de la Competencia. 

El proyecto obtuvo la media sanción con 140 votos afirmativos contra 72 negativos. El oficialismo contó con el apoyo del Frente Renovador, el bloque Justicialista y el interbloque Justicialista, mientras el Frente para la Victoria-PJ y el Frente de Izquierda votaron en contra. 

 

El texto, que ahora deberá aprobarse en el Senado, establece la creación de una nueva autoridad burocrática de aplicación descentralizada y autónoma del Poder Ejecutivo.

 

Según el proyecto, esta autoridad, llamada Autoridad Nacional de la Competencia, tendrá a su cargo la implementación de multas a las personas físicas o jurídicas que incurran en conductas desleales de concentración económica.

 

Ese organismo estará integrado por el Tribunal de Defensa de la Competencia y dos secretarios: el titular de la Secretaría de Instrucción de Conductas Anticompetitivas y el titular de la Secretaria de Concentraciones Económicas.

 

La ley establece que los integrantes de la Autoridad Nacional de la Competencia sean designados por el Poder Ejecutivo con previo concurso público de antecedentes y aprobación del Senado. 

 

Las criticas a esta ley vinieron del lado menos pensado. Juan Cabandié, del bloque kirchnerista, manifestó como un error el hecho de que no se fije un porcentaje especifico para hablar de "situación de concentración" y advirtió que “queda básicamente librado a la libertad de un funcionario elegido por el Gobierno”. Es que el proyecto establece nuevas regulaciones para frenar la conformación de monopolios, oligopolios y cartelización pero no se incluyó en el texto final el porcentaje que estaba fijado en el proyecto original de Carrió. 

 

Las sanciones económicas mencionadas en el texto incluyen fuertes multas de hasta 100 millones de Unidades Móviles, de 20 pesos cada una, ajustables por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC.

 

El proyecto contempla un “Programa de Clemencia” con beneficios de exención o reducción de sanciones administrativas y civiles para las empresas que adhieran, “en la medida en que aporten pruebas que permitan sancionar a los miembros del cartel”.

 

Además impone un control de las fusiones y adquisiciones de empresas, exigiéndose la previa notificación a la autoridad de aplicación mientras que se crea una sala especializada de competencia dentro de la Cámara Civil y Comercial, para que las decisiones de la autoridad de aplicación sean “apelables”.

 

 

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