Cambios en el sistema previsional

21 Nov 2017

Los cambios en el régimen previsional que incorporó el Gobierno al proyecto que envió al Congreso se enfocan en 2 ejes: modifica las edades para jubilarse y determina una nueva fórmula para calcular los ajustes jubilatorios. Sin embargo, en otros frentes planea reducir, como parte del pacto fiscal, las inequidades de las jubilaciones de privilegio. 

 

El proyecto de ley establece que recién cuando el trabajador del sector privado (hombre o mujer) cumpla 70 años su empleador podrá intimarlo a que inicie el trámite jubilatorio. Es decir, que se podrá optar por jubilarse a los 70 años. Es una gran adecuación que, sin embargo, no modifica el esquema actual. Las mujeres que tengan 30 años de aportes podrán retirarse voluntariamente a los 60, mientras que los hombres podrán hacerlo a los 65. Sólo se añade la opción de poder hacerlo hasta los 70. En el caso de la mujer, da la posibilidad de extender el periodo laboral 10 años más, y al hombre, 5. 

 

Este nuevo régimen, del cual quedan excluidos los trabajadores del sector público, señala también que los empleadores quedarán eximidos del pago de las contribuciones patronales previsionales para estos trabajadores que elijan continuar trabajando. Sí deberán abonar las contribuciones con destino al régimen nacional de obras sociales y la cuotas del régimen de ART. 

 

El proyecto previsional oficial, además señala que, como beneficio por seguir trabajando, el monto de la jubilación futura aumenta 1,5% por cada año trabajado por encima de los 30 años de aportes. Sin embargo, la jubilación opera como el inicio de una nueva relación laboral. En consecuencia si luego es despedido, la indemnización rige a partir del momento en que se jubiló, perdiendo los años de antigüedad anteriores a la obtención de la jubilación.

 

Por otro lado, se cambiará la fórmula de movilidad que fija los valores de las jubilaciones, pensiones y demás prestaciones sociales. Se plantea un ajuste trimestral por inflación y, una vez al año, un ajuste por variación porcentual real del PIB. Además fija el 82% móvil, pero deja de haber un haber mínimo general, dado que no se aplicará para los que se jubilen por moratoria, ni para los que se jubilen con menos de 30 años de aportes, ni para los jubilados con “exceso de edad”, ni para las pensiones por invalidez o fallecimiento. 


En otro frente, mientras el Congreso se prepara a debatir esta reforma, en la Casa Rosada quieren enfocarse en el gasto que generan las jubilaciones de privilegio. Según el equipo económico, este año por los regímenes especiales, creados por decretos o leyes especiales que benefician a alrededor de 375 mil personas, el Estado deberá destinar unos $ 79.000 millones.

 

En el equipo económico de Macri están convencidos de que sin este ítem habría superávit previsional y los recursos alcanzarían hasta 2030, sin necesidad de tocar la edad jubilatoria. En los próximos días se buscará modificar los regímenes de diplomáticos y judiciales, incluyendo mayores aportes o elevando su la edad jubilatoria; el de los trabajadores de Luz y Fuerza; y el de los docentes.

 

En el caso de los judiciales, 6.539 personas cobran una jubilación promedio de 97 mil pesos. Además, los jubilados del Poder Judicial ya gozan del privilegio del 82% móvil. Para costear las jubilaciones del sector se necesitan $ 7.600 millones al año, con un déficit de casi $1.800 millones en comparación con lo que aportan. Por otro lado, los diplomáticos jubilados tienen una jubilación promedio de $153 mil pesos. Esta caja arroja un déficit de $ 617 millones anuales. 

 

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