Es ley la Responsabilidad Penal Empresaria

8 Nov 2017

El proyecto fue convertido en ley este miércoles en la Cámara de Diputados, sin cambios al texto que bajó con media sanción, por unanimidad, del Senado. 

 

Con disidencia parcial del Frente Renovador y el voto negativo de la Izquierda, el proyecto  había obtenido este martes dictamen favorable en las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General. El Frente para la Victoria había quedado en definir su postura. 

 

Finalmente la ley se aprobó con 144 votos a favor, 6 en contra y 31abstenciones.

 

La sesión arrancó con dos homenajes: uno al Gobernador Das Neves, fallecido hace unos dias; y otro en conmemoración a los cinco argentinos asesinados en el atentado de la Ciudad de Nueva York. La izquierda hizo lo suyo también, y realizó un discurso sobre la Revolución Rusa, que esta semana cumple 100 años. Luego, empezó el tratamiento del proyecto.

 

Con el fin de cumplir tratados internacionales en materia de la lucha contra la corrupción, requisito importante para que Argentina sea incluida en la OCDE, la Cámara de Diputados finalmente convirtió, este miércoles, en ley el proyecto, que había sido pedido por el mismo Mauricio Macri el 1° de Marzo en el Congreso. La legislación plantea la penalización de delitos de corrupción a personas jurídicas, como empresas y fundaciones.

 

El proyecto ya había sido debatido en Diputados en la primera parte del año, pero no prosperó por el “artículo Odebrecht”, que hacía retroactiva la ley vía acuerdos administrativos para conseguir que empresarios arrepentidos en el escándalo de Brasil cooperaran con la Justicia Argentina.  El Senado, entonces, introdujo grandes modificaciones. Se restringió el objeto de la Responsabilidad Penal Empresaria a cinco crímenes: cohecho y tráfico de influencias, nacional o transnacional; negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas; exenciones ilegales; enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados; y balances e informes falsos agravados. Tampoco se incluyó el pedido del Frente Renovador para que los delitos de corrupción no prescriban. Hubo, en este punto, cortocircuitos, ya que la propia Constitución califica a esos delitos como traición a la Patria.

 

La Titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, ya había adelantado declaraciones al respecto de esta ley. "La investigación jamás debe terminar en un funcionario público, hay que buscar intermediarios, privados, testaferros, personas interpósitas e, incluso, a las propias empresas que puedan haber autorizado pagos ilegales a través de figuras de terceros, que suelen ser los valijeros corporativos", afirmó.  

 

Las empresas serán responsables cuando los delitos "hubieren sido realizados, directa o indirectamente, con su intervención o en su nombre, interés o beneficio" y quedarán exentas "sólo si la persona humana que cometió el delito hubiere actuado en su exclusivo beneficio y sin generar provecho alguno" para la compañía. En este sentido, las penas que incluye la ley van desde multas de entre dos a cinco veces del beneficio obtenido por la empresa a través del ilícito hasta la imposibilidad de acceder a licitaciones, pérdida de subsidios estatales u otro tipo de beneficios. No obstante, la empresa será eximida de pena cuando denuncie espontáneamente un delito tras una investigación interna, cuente con un Programa de Integridad y devuelva el beneficio del ilícito, simultáneamente.

 

El proyecto también abre la posibilidad de la persona jurídica de firmar, con el Ministerio Público Fiscal, un acuerdo de colaboración eficaz para revelar información que contribuya al esclarecimiento de los hechos y la identificación de sus autores.

 

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