La eterna cuarentena de la popularidad

El deseo de las mayorías, la imposición a las minorías y un sistema de incentivos perversos que perjudica a los más pobres.

 

 

Desde principios de marzo el confinamiento obligatorio y el distanciamiento social son las medidas más usadas como la "única vacuna" para combatir el coronavirus en más de 50 estados en el mundo y por ahora en ningún caso resultó ser negativa en términos de imagen para sus respectivos gobernantes. A pesar de los desastrosos efectos económicos, el cierre de miles de pequeñas y medianas empresas por día, la pérdida de empleo para millones de personas y la caída al abismo de sectores vulnerables que ya estaban al borde del precipicio, los políticos han encontrado una fórmula exitosa que está logrando direccionar sus culpas a las minorías de siempre: los empresarios. ¿Cuál es el incentivo de flexibilizar la cuarentena para un mandatario si mientras tanto su popularidad no tiene techo?

 

Los férreos críticos del confinamiento carecen de percepción para entender la realidad. Para ellos, los burócratas adoptan medidas impopulares frente a individuos que detestan quedarse en sus casas y no ven la hora de volver a sus actividades diarias. El gobierno impone un orden por la fuerza similar a una dictadura, sincroniza sus operaciones y silencia a una mayoría indefensa.

 

Si todo esto fuera cierto, no veríamos a la gente llamando a la policía para denunciar a los violadores de las órdenes de permanecer en casa, no existirían amenazas a los negocios locales por permitir que entre demasiada gente, o incluso denuncias a distintos comercios supuestamente 'no esenciales' para que estos sean cerrados de inmediato. Los detractores no comprenden que son la minoría y, en el medio, fortalecen su enfado culpando de todo a los medios de comunicación masivos que alimentan los mensajes de encierro colectivo y condena social a los irresponsables que no 'ayudan' al gobierno. Pero la crítica puesta en la oferta sin analizar la demanda dificulta conclusiones racionales.

 

Las instituciones que necesitan aprobación masiva viven exclusivamente de los incentivos que impulsa la sociedad. Visto de esta manera, es más normal que los intendentes, gobernadores, políticos y otros, carguen con miedo de ser vistos como que hacen demasiado poco, en lugar de abusar de su poder para imponer medidas de seguridad pública.

 

Por ejemplo, mientras la imagen positiva del gobierno argentino se disparó en marzo a niveles del 93%, los pocos jefes de estado que se rehúsan al tópico del encierro, como en Brasil, se enfrentan al levantamiento no sólo de la oposición, sino de sus propios funcionarios que aprovechan la oportunidad para tomar partido e incrementar su aprobación ciudadana, tal como es el caso del ministro de salud brasileño. La imagen de Luiz Henrique Mandetta subió del 55% al 76% en marzo tan solo por mostrarse a favor del aislamiento social masivo. ¿Qué chances existían para darse ese aumento si el presidente Jair Bolsonaro no se oponía a las estrictas cuarentenas?

 

Sobre este ítem, muchos funcionarios probablemente prefieren ser acusados de "tiranos autoritarios" a ser señalados como "indulgentes de brazos cruzados". Seguramente esto cambie a medida que las realidades del desempleo y las bancarrotas golpeen políticamente. Pero por ahora la mayoría de los políticos, como la gente que los vota, se aferran a la idea de que si el gobierno imprime billetes y rescata suficientes industrias todo volverá pronto a la normalidad.

 

Eso sí, ningún político que esté privando a alguien de su trabajo y lo esté dejando sin ingresos va a quedar desempleado. Quien acaba de perder su empleo probablemente sea quien esté ayudando al estado a denunciar a los desobedientes de la cuarentena, su disgusto estará direccionado, por supuesto, a su empleador. Por lo tanto, el salario del estatal no solo está asegurado, sino también su capital político y su desprendimiento de la culpa por los daños al sector privado. Hasta ahora, no escuché ningún burócrata dispuesto a renunciar a su propio sueldo mientras millones de personas están sin trabajo por decretos del gobierno.

 

El hecho de que se esté sacrificando empresas tiene poca importancia política para los funcionarios que suben su popularidad. Después de todo, sólo un pequeño porcentaje de los argentinos viven a tiempo completo de sus negocios. Sólo una escasa minoría de la población entiende de primera mano cómo se crean los empleos y cómo se pagan los sueldos. El resto de la población piensa que los salarios y la riqueza aparecen mágicamente desde el suelo. Si hay desempleo y bajos salarios, es porque los dueños de los negocios son codiciosos o no están dispuestos a compartir la riqueza.

 

Por lo tanto, no estamos presenciando un régimen usurpador que impone medidas impopulares a una ciudadanía resistente. Estamos presenciando un gobierno generalizado de la mayoría sin tener en cuenta los derechos de las minorías disidentes. Los políticos calcularon que es probable que sigan siendo populares siempre que construyan una imagen de liderazgo fuerte a través de controles de precios, sanciones económicas, clausura de comercios y potentes castigos al incumplimiento de la cuarentena, todo en nombre de la salud pública.

 

A esta altura, pensar que las extensiones de las cuarentenas son la "única vacuna" para nuestra salvación y no una herramienta política garantizadora de popularidad para los gobernantes, es sencillamente no pensar. El presidente no levantará la cuarentena hasta que no perciba que sus consecuencias económicas y sociales estén dañando sus perspectivas políticas.

 

 

 

 

 

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