Por qué yo NO defiendo la universidad pública

Es habitual que los sectores progresistas, a falta de conocimiento, recaigan en falacias ad-hominem para agraviar a quien piensa distinto, y mucho más aún, cuando se trata de su tan vanagloriada educación pública, gratuita, laica, nacional, popular, de calidad y un sinfín de atributos más que le suele adjudicar. Sin embargo, en virtud del conflicto universitario que se ha gestado durante las últimas semanas, y que aún hoy persiste incluso con consecuencias drásticas que afectan de manera directa y muy negativamente el normal curso del dictado de clases, me veo en la necesidad de hacer una breve crítica al nefasto y decadente sistema educativo actual que, claro está, irá en contra de la religión del establishment progresista.

 

 

Una de las frases más repetidas en estos días fue que la educación no es un negocio ni un privilegio, sino un derecho. La pregunta básica de todo esto es ¿cómo un bien económico (escaso por definición) puede ser un derecho? ¿pagado por quién? ¿otorgado por quién? Lo primero que hay que entender es que, salvo el aire y otros bienes llamados libres por su infinita abundancia y disponibilidad para todos, nada en la vida es gratis. La educación ES un bien económico (servicio en realidad, pero a los fines prácticos, no hay diferencia), y quien niegue esto es estúpido o ignorante. Que la educación no es un bien económico se rebate tan fácilmente como aludir que el estado subsidia la educación porque justamente tiene un costo.

 

Ahora bien, una vez desmentida esta falacia, el próximo paso consiste en aclarar que no existen derechos a la posesión de bienes económicos, ya que estos tienen un costo de producción. Por lo tanto, tener un derecho a su posesión de manera gratuita, inherentemente significa que el precio se le carga a alguien más. Por eso es que decir “tengo derecho a universidad gratis” es económicamente equivalente a decir “tengo derecho a que otros trabajen por mí y me paguen la universidad”, ni más ni menos. Luego podrá justificarse filosóficamente, como tanto les gusta a los paladines del altruismo con plata ajena. Más aún, ¿con qué criterio la educación es más importante que, por ejemplo, la vivienda? ¿Y no es acaso la comida aún más importante? Porque entonces pidámosle al estado que nos brinde todos estos productos y servicios de manera “gratuita”, y muchos más aún, así nadie tendría que trabajar, porque sería todo gratis. De hecho, este experimento llevado al extremo existió, se llamó comunismo, lo único que provocó fueron miseria y hambrunas, y como siempre tuvo que aplicarse bajo coerción se llevó la vida de varias decenas de millones de personas (varias fuentes históricas coinciden en la cifra de 100 millones sólo en el siglo XX).

 

Y ¿qué es, sino un robo, el hecho de confiscar la riqueza a otras personas para poder acceder a ciertos bienes o servicios? Si un ladrón vulgar roba un auto porque no tiene acceso a un medio propio de transporte, difícilmente sea justificado por una inmensa mayoría de personas como ocurre comúnmente con todo lo que el estado brinda a sus ciudadanos de manera “gratuita”. Muchos podrían justificarse diciendo la educación es un bien común, que beneficia a todos y que la mayoría usufructúa. Sin embargo, la única justificación moral que encuentro posible sería en el caso en el que el 100% de la población esté de acuerdo con el hecho de prescindir una parte de su sueldo para financiar la educación pública, y, claramente, no es este el caso.

 

Hay personas que acuden a universidades privadas por el motivo que sea, y se los obliga entonces a pagar dos veces por un mismo servicio. Algo más grave, en mi opinión, es que el sistema actual funciona prácticamente como un subsidio directo de pobres a ricos. Es decir, todos aportamos al financiamiento de la universidad, pero lo cierto que quienes más la utilizan son los sectores de clase media-alta, mientras que los sectores más pobres ni siquiera acuden, o, en caso de hacerlo, terminan abandonando al poco tiempo. Entonces, les pregunto a los abanderados de la empatía y la filantropía: ¿es acaso sensato que gente que jamás asistió a la universidad pública, por decisión propia o lo que fuere, sea partícipe necesario del pago de los estudios de la clase media-alta, que es la que realmente goza de dicho servicio?

 

Algunos de los problemas de la educación pública

 

Un reciente informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, reveló que, en las universidades públicas, el 74% no se recibe a tiempo y la mitad no aprueba más de una materia por año, siendo además la tasa de graduación una de las más bajas de la región y del mundo. Del total de 124.675 de egresados en 2016, el 44% pertenece a las Ciencias Sociales. Más aún, se egresan 8 mil ingenieros por año frente a 34 mil graduados de sociales, abogacía y psicología.

 

Respecto a la cantidad de graduados, cabe destacar que entre 2003 y 2016 la graduación en universidades privadas creció un 124,6% mientras que las estatales apenas se expandieron un 38,4%.

 

Gran parte del problema lo puede explicar el hecho de que los alumnos llegan muy mal preparados desde el secundario, entonces al momento de enfrentarse con la vida universitaria y sus mayores exigencias, se topan con enormes dificultades por atravesar. A eso se le podría sumar que por ley está prohibido el examen de ingreso eliminatorio en las universidades nacionales, por lo cual su ingreso es totalmente libre e irrestricto[6]. Parece ser que, según los congresistas que aprobaron dicha ley, comunicarle al alumno que no cuenta con los conocimientos básicos mínimos para comenzar una carrera universitaria, es sinónimo de discriminación, estigmatización, exclusión, etc. Ellos prefieren engañar al estudiante y convencerlo de que es apto de comenzar una carrera, pero éste, con el correr de los días, se irá dando cuenta que no cuenta con las herramientas básicas, por lo que terminará desertando, que es lo que ocurre, lamentablemente, en la mayoría de los casos.

Sin embargo, se trata de todas caras de la misma moneda, es decir, todos ellas responden al principal problema que es el estado a cargo de la educación. De hecho, si bien sigue siendo bajo respecto a otros países, el porcentaje de graduación de universidades privadas casi duplica al correspondiente a universidades públicas: 42,9% contra 25,5%.

 

Los pésimos resultados están a la vista. Nada más se podría esperar de un sistema en crisis, sumamente colapsado de clientelismo político, puja de intereses económicos y lleno de corrupción. Los estudiantes, rehenes de toda esta cuestión, somos los principales perjudicados, y debemos exigir un cambio.

 

El problema es la sobra excesiva de estado

 

Otro mito que da vueltas en torno a la reciente polémica por el conflicto entre el gobierno federal y las universidades, es que, si éstas no fueran públicas, la inmensa mayoría de los jóvenes no podríamos estudiar, sobre todo los pobres, que a duras penas pueden darse el lujo de tener dos platos de comida diarios, por lo tanto, les sería imposible disponer de, por ejemplo $10.000 mensuales para destinarlos a la educación. De nuevo, lo que hay que entender es que la universidad gratuita, en realidad no lo es. De hecho, la pagamos excesivamente cara. No existe tal cosa como dinero del estado; los únicos que tienen y generan dinero son las personas, y justamente nuestro más grande problema es la excesiva sobra de estado, que ya roza el 40% del PBI.

 

Y si hay un motivo por el cual, en caso de ser privada la educación, la mayoría de los argentinos no podríamos darnos el lujo de pagarla, es claramente el alto nivel de expoliación fiscal, que no sirve más que mantener la economía parasitaria y clientelista argentina, en la cual un vasto sector se ha acostumbrado a vivir del fruto del trabajo ajeno, en nombre de la mal llamada “justicia social”, que, vale aclarar, no hay nada más injusto que ella, pues se trata de ampararse en el aparato coercitivo del estado para obtener privilegios a costa de saquear a los demás, es decir, una inmejorable muestra de desigualdad frente a la ley. Todo esto, claro, a merced de las castas dominantes, léase, empresarios prebendarios, sindicalistas mafiosos y políticos corruptos. Eso sí, todos millonarios.

 

El estado de bienestar (mejor llamado estado de malestar) nos cuesta muy caro a los argentinos. Para ponerlo en números, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), en 2017 hubo que trabajar entre 174 y 206 días sólo para pagar impuestos, gracias al “estado presente”

 

Yendo más en profundidad, es oportuno recordar que históricamente Argentina ha tenido déficit fiscal, es decir que el estado ha gastado más de lo que ha recaudado. El lector podría alegar que es necesaria entonces una subida de impuestos, para equilibrar la balanza. Pero la realidad es que Argentina posee una de las presiones fiscales más altas del mundo (tenemos 100 impuestos contra 4 de Estados Unidos[10]), y ni así nos alcanza para mantener un estado gigantesco, altamente ineficiente y extremadamente corrupto. Por eso tenemos que recurrir permanentemente a la maquinita de imprimir billetes, lo cual explica nuestra enfermedad crónica llamada inflación (le quitamos 13 ceros a la moneda, destrozamos 5 signos monetarios, tuvimos dos hiperinflaciones sin haber tenido guerras). Y como si todo esto fuera poco, también tenemos recurrir a altos niveles de deuda externa que cada tanto defaulteamos.

 Fuente: http://thomsonreuterslatam.com/2015/06/el-deterioro-fiscal-se-acelera-a-un-ritmo-mayor-que-durante-la-crisis-de-2001-2002/

 

En el gráfico se ven claramente enumeradas las crisis de origen fiscal que atravesó Argentina, y que llevaron los índices de pobreza e indigencia por las nubes.

 

Pero los argentinos parecemos no aprender de nuestros errores. No nos gusta la enfermedad, pero tampoco el remedio. Debemos entender que más estado, significa menos libertad para disponer de nuestro propio dinero. Significa también confiárselo a burócratas que no tienen ningún remordimiento en malgastarlo o repartirlo a cambio de favores al mejor estilo populista, y ni hablar de quedarse con unos cuantos vueltos. “Es difícil imaginar una manera más tonta o peligrosa de tomar las decisiones que encargarlas a las personas que no pagan el precio por equivocarse”, afirmó en su momento el brillante economista y pensador Thomas Sowell.

 

Más aún, el emblemático profesor de la Escuela de Chicago Milton Friedman, detallaba 4 maneras distintas de gastar dinero:

  • Gastar dinero propio en uno mismo: como es ganado a través del esfuerzo propio, se busca siempre la mayor utilidad, pero gastando lo menos posible.

  • Gastar dinero propio en un tercero: el típico caso de un regalo. Se busca quedar bien, gastando lo menos posible.

  • Gasta dinero ajeno en uno mismo: el mejor ejemplo son los políticos y funcionarios viajando en primera clase y alojándose en los mejores hoteles del mundo a causa de viajes de “interés nacional”. Ni hablar de sus desmesurados sueldos.

  • Gastar dinero ajeno en terceros: es lo que ocurre con absolutamente todos los servicios públicos, incluido la educación. Sinónimo de corrupción, sobreprecios, coimas, ineficiencia.

Realmente me cuesta entender que haya gente que piense que el Estado es capaz de asignar recursos ajenos de mejor manera a que lo hace un privado con recursos propios. El estado no tiene incentivo alguno en ser austero ni eficiente, dado que maneja recursos que le son ajenos y que fueron sustraídos mediante el monopolio de la coerción legal. El estado puede darse el lujo de despilfarrar recursos, robárselos o hacer con ellos lo que le plazca, así como haríamos cada uno de nosotros si mes a mes recibiéramos dinero de terceros anónimos, y encima el encargado de auditar el destino de esos fondos fuéramos nosotros mismos. Ni siquiera tiene el Estado incentivo para ofrecer un buen servicio, como si lo tiene el privado, que, en caso de ofrecer bienes o servicios de mala calidad y no satisfacer al cliente, quiebra. El Estado, en cambio, no corre esos riesgos. De hecho, no corre ningún riesgo. Por eso no sorprende que la gran mayoría de las empresas estatales, sino todas, den pérdidas constantemente, las cuales, por supuesto, están siempre a cargo del cada vez más esquilmado contribuyente.

 

Educación a cargo del estado: ¿y el adoctrinamiento?

 

Con todos estos problemas detallados recientemente, cabe preguntarnos acerca del peligro que significa otorgarle la posibilidad de impartir educación obligatoria al estado, y de los incentivos que tiene éste para seguir disfrutando de dicho monopolio. Si bien es cierto que existen tanto escuelas como universidades privadas, al fin y al cabo, estas necesitan de aprobaciones burocráticas respecto al tipo de educación que se va a otorgar, a tal punto que los planes de educación son producto de los mismísimos ministerios de educación. Así es que, en definitiva, son los burócratas los que se definen qué y cómo se va a enseñar. Sí, los mismos que, lejos de dedicarse a actividades productivas en el sector privado, es decir, el sector generador de riqueza, viven muy cómodamente a expensas de la expoliación fiscal. Por eso, no debe resultar extraño que la mayoría de las personas, lejos de pedir menos estado, lo cual se traduce en menor carga impositiva y mayor libertad para disponer de sus propios medios, no hace más que pedir cada vez más y más intervencionismo estatal, para que el gobierno mágicamente solucione los problemas que él previamente creó.

 

El resultado es evidente, generaciones de sumisos que no se cuestionan nada, convertidos en adoradores del estado al cual responsabilizan de todos sus fracasos, pero que a la vez le piden la solución de todos los problemas. Cada vez abandonamos más la libertad y responsabilidad individual, el libre albedrío, el emprendimiento personal, para pasar a un modelo de sociedad que todo lo coloca bajo la responsabilidad y tutela del estado.

 

Es esta una de las razones principales por las cuales es realmente un gran peligro otorgarle al estado el monopolio de la educación. Si bien puede estar disfrazado de objetivos nobles y rodeado de bonitos eufemismos, no es más que un perfecto sistema de adoctrinamiento en favor de la mayor grieta jamás existente: aquellos que quieren disponer de sus propios medios y vivir gracias al fruto de su trabajo, y aquellos sumergidos en la cultura de la dádiva, la del resentimiento y la envidia, que permanentemente buscan la manera de robar al prójimo.

 

Los beneficios de una educación privada, sin intervención estatal

 

Lo primero que cabe aclarar, es que un sistema de educación privada se comportaría como lo hace exactamente cualquier otro mercado no intervenido que al lector se le ocurra, por ejemplo, el mercado de calzados. Se trata de un mercado en el cual el estado no tiene ninguna participación en lo que a producción y distribución se refiere, y sin embargo nadie está constantemente abogando por la expropiación de fábricas de calzados, porque, de otra manera, los pobres no podrían tener acceso. Oferentes y demandantes, bajo común acuerdo han sabido solucionar todo tipo de problema que pueda surgir, como lo son los diferentes gustos, tallas, funciones, etc., sin la necesidad de intervención de burócratas.

 

Siempre que exista una demanda, va a surgir su respectiva oferta como contrapartida, y, volviendo al ámbito de la educación, uno de los mayores argumentos a favor de su privatización es sin dudas la gran variedad que se generaría como producto de la competencia. Es decir, habría lugar para educación religiosa, laica, marxista, financiera, pro mercado, artística y cualquier otro tipo de enseñanza que requieran los consumidores. Por ende, los padres verían muy incrementada su capacidad de injerencia en lo que a decisiones de crianza y educación de sus hijos de refiere.

 

En cuanto al adoctrinamiento, es claro que donde una escuela o universidad comenzara a impartir educación sesgada selectivamente, en vez de hacerlo de manera objetiva, y esto fuera en contra de la decisión de los padres, éstos tendrían la total libertad de cambiar a sus hijos a otro establecimiento que satisfaga de mejor manera sus necesidades como consumidores.

 

En lo que a precios y calidad se refiere, hay ejemplos de sobra que evidencian que la competencia siempre produce resultados positivos: precios más bajos, mayor calidad para atraer al consumidor y un gran esfuerzo para retenerlo. ¿Cómo se logra un mercado competitivo? Con muy escasa (o nula preferentemente) intervención estatal, es decir, bajos impuestos y pocas regulaciones.

 

Otro punto a favor, es que las autoridades estatales perderían su poder de adoctrinamiento ideológico, además de liberarnos de los aprietes extorsivos y mafiosos de Baradeles y demás personajes del estilo.

 

Finalmente, ¿qué ocurriría con aquellos que no puedan pagarla a través de sus propios medios? En principio, cabe aclarar que, en una economía realmente libre, con poca o incluso nula intervención estatal en la economía, el bienestar general sería notablemente superior a nuestra situación actual, con una renta promedio mucho mayor y gran abundancia de bienes y servicios, con lo cual, la gente que no pudiera acceder a la educación por sus propios medios, conformaría la excepción, y no la regla. Para reflejar esto, basta con revisar los rankings de libertad económica mundial, y comparar la posición de Argentina, su nivel de renta y tasa de pobreza, contrastado con los líderes de dicho ranking.

 

Pero si, así y todo, y a pesar de las grandes redes de caridad privada que surgirían dado que el Estado ha abandonado su función de saquear a unos para repartir a otros, lo que se conoce como caridad a punta de pistola, o “justicia social”, siguieran existiendo personas incapaces de generar los recursos necesarios para pagar su educación (o la de su familia), se podría plantear tranquilamente un sistema de becas por rendimiento académico, a cargo del estado, para así asegurar los estudios de aquellos que no pueden, pero realmente demuestran interés y esfuerzo.

 

Otra solución a este problema podría ser algún tipo de préstamo a tasas bajas y de largo plazo a cargo del estado, el cual sería devuelto una vez que el estudiante se encuentre graduado e inserto en el mercado laboral.

 

 Sistema de vouchers como paso intermedio

 

Claramente, las condiciones económicas, culturales y sociales actuales del país, con un estado gigantesco y deficitario, una presión fiscal realmente agobiante y un tercio del país bajo el umbral de la pobreza, plantean un escenario sumamente hostil para la privatización. Más bien, ésta sólo sería posible en una economía estable, con sus respectivas reformas estructurales que incluyan un serio y contundente achique del estado.

Sin embargo, como paso intermedio, se puede plantear una alternativa a la situación actual, que solucionaría gran parte de los problemas ya comentados y que es un poco más amigable a la hora de transmitir y comunicar, dado que, como todos sabemos, “privatización” es una mala palabra en Argentina, que debería cambiarse el nombre a Marte, en honor al planeta rojo habitado por marxianos. Se trata del sistema de vouchers o cupones educativos propuesto por el economista estadounidense Milton Friedman, abanderado de las ideas por la libertad y ganador del Premio Nobel de Economía en 1976. Un cupón educativo es simplemente un papel que el gobierno le da mensualmente a cada estudiante por determinado valor, que puede ser únicamente utilizado en establecimientos educativos con el cual cada individuo decide libremente a qué colegio o universidad asistir, con una dinámica de mercado mucho más similar a la de cualquier otro. El monto de dinero que figura en dicho voucher, claro está, es dinero proveniente de las arcas del estado, es decir, del dinero recaudado.

 

Bajo dicho sistema, seguiría habiendo escuelas o universidades públicas y todos los estudiantes tendrían acceso asegurado al sistema educativo. ¿Cuál es la diferencia, entonces, con el sistema actual? La diferencia está en que se plantea un cambio diametralmente opuesto respecto a la forma de financiación de las instituciones educativas, dejando el estado de subsidiar a la oferta (escuelas y universidades) para pasar a financiar directamente a la demanda (sin intermediaciones), es decir, los estudiantes. Y, ¿qué es lo positivo de esto? Sin dudas que son varios los puntos a favor, pero creo que lo más importante es el ambiente de competencia que se generaría entre las distintas escuelas y universidades por ver cuál de ellas atrae más estudiantes, ya que de ello depende su financiamiento y su supervivencia en un mercado competitivo. Como bien es sabido, la competencia genera costos más bajos y mayor calidad, lo cual se traduciría en un importante beneficio hacia los estudiantes. También sería posible la derogación de la enorme burocracia pública educacional, monopólica e ineficiente. Otro punto a favor es que incluso los más pobres podrían optar por la educación privada, lo cual es prácticamente imposible de que ocurra en el sistema actual. Además, se generaría una oferta mucho más capaz de cubrir una amplia gama de preferencias y gustos.

 

Con respecto a las aristas negativas que presenta dicha propuesta, haré mención a la crítica de otro economista estadounidense y uno de los principales exponentes de la Escuela Austríaca, Murray Rothbard: “Si bien el plan de Friedman constituiría una importante mejora con respecto al sistema actual al permitir un mayor grado de decisión por parte de los padres y hacer posible la derogación del sistema de educación pública, desde el punto de vista de los libertarios aún subsisten graves problemas. En primer lugar, la inmoralidad del subsidio coercitivo para la educación continuaría en vigencia. Segundo, resulta inevitable que el poder de subsidiar traiga aparejado el de regular y controlar: el gobierno no otorgará vouchers para cualquier tipo de instrucción.

 

Como es obvio, sólo pagará de esta manera a las escuelas privadas certificadas como correctas y apropiadas para el Estado, lo cual significa un detallado control de esos establecimientos por parte del gobierno: control sobre sus planes de estudios, métodos, forma de financiamiento, etc. El dominio del Estado sobre las escuelas privadas, a través de su poder para certificarlas o no, y por ende para entregar vouchers, sería aún mayor que ahora”. La cuestión queda más que aclarada, y es por ello que muchos liberales sólo aceptaríamos la propuesta de Friedman como paso intermedio hacia una total y absoluta privatización del sistema educativo en todos sus niveles, con nula intervención del estado.

 

Son varios los países pioneros en educación que han adoptado este sistema, algunos completamente y otros de forma parcial, pero en todos los casos con excelentes resultados académicos. Algunos de ellos son Suecia, Corea del Sur, Singapur, Dinamarca, Nueva Zelanda, entre otros. Tal vez deberíamos comenzar por acercarnos un poco más a ellos en busca de mayor prosperidad para todos.

 

*Francisco Andrés Rossi es Coordinador Local de Estudiantes por la Libertad Argentina. 

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