Ser oposición se criminaliza en Nicaragua

La Nicaragua de hoy es la perseguida a través del sistema judicial con ayuda de la Policía Nacional, ya desacreditada, y terceros armados que actúan con impunidad y detienen de manera arbitraria, es decir, sin previa orden judicial. La intención del gobierno es la de “descabezar” a los movimientos de auto convocados. Hasta hoy el gobierno no logra entender que no existe un liderazgo, que todos tomamos decisiones y que nadie nos financia.

 

La campaña gubernamental de catalogar los informes de organismos internacionales de derechos humanos (CIDH y OACNUDH) como injerencista, solo demuestra la culpabilidad del gobierno y su actuar impune contra los verdaderos terroristas, asesinos, torturadores, secuestradores –actores materiales, intelectuales y cómplices de tales delitos-, como es el caso del Presidente de la Asamblea Nacional que prestó su casa para torturar a uno de los detenidos, hoy en el exilio en Estados Unidos.

 

El lunes 29 de agosto, la delegación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones para los Derechos Humanos hizo público en demoledor informe al que denominó “Violaciones de Derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua”. En dicho informe, la OACNUDH contabiliza más de 300 detenidos por participar en las protestas, tranques o por alguna otra “justificación” que brinde la policía o la fiscalía.

 

Los primeros sentenciados son los jóvenes afrodescendiente de la Costa Caribe Sur, Brandon Lovo Taylor y Glen Slate quienes fueron encontrados “culpables” del homicidio del periodista Ángel Gahona, asesinado de un disparo en la cabeza. Los familiares de Gahona insisten que Brandon y Glen son inocentes. Bajo ese mismo patrón de acusación y la ley anti-terrorismo que aprobó la Asamblea Nacional, es la manera de cómo se criminaliza la protesta y bajo la cual hay detenidos miembros del Diálogo Nacional, líderes campesinos, estudiantes universitarios, ex guerrilleros de la Revolución Sandinista, docentes, médicos y toda clase de nicaragüenses que se oponen a la dictadura.

 

El informe de OACNUDH encontró violación de parte del Estado a: derecho de reunión pacífica, derecho a la vida y la integridad física, derecho a la salud; así como de violaciones a la libertad y seguridad personal, torturas y malos tratos, violación al derecho al debido proceso legal y al de libertad de expresión. Es por tal motivo que el gobierno lo rechaza, más con su campaña de golpe de estado que fue aclarado en tal informe. No hay golpe de estado en Nicaragua.

 

Un informe con recomendaciones bien claras en contra de la criminalización de la protesta, entre las que cito: Poner fin al acaso, intimidación, estigmatización, criminalización (incluido a través del uso de legislación anti-terrorismo), y cualquier otro tipo de represalias en relación con la participación de las protestas, incluidas contra los manifestantes, personas defensoras de los derechos humanos, opositores políticos, periodistas otros. (Recomendación 1).

 

Así mismo el informe recomienda la detención de los arrestos ilegales y libertad de los presos (recomendación 4); de igual forma insta a “tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, absteniéndose de ejercer cualquier indebida interferencia, presión o influencia” (recomendación 7). Por último, insta al Consejo de Derechos Humanos y la Comunidad Internacional a fijar su mirada en Nicaragua y la violación sistemática de derechos humanos que ha cometido el Estado.

 

Hasta la fecha no hay un plan de acción de parte de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, de la que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) es parte y aún se rehúsa a la medida de un paro nacional indefinido a pesar que lo seguimos exigiendo. Mientras no exista una presión contundente contra el gobierno, el camino de Nicaragua es el de la impunidad. Las víctimas desde abril hasta la fecha seguirán sin justicia.

 

Mientras Ortega-Murillo sigan en el poder, la inmensa mayoría de la población nicaragüense está en peligro, pues están dispuesto a gobernar un pueblo que esté en las cárceles o en los cementerios.

 

*Manuel Alejandro Sandoval Cruz es estudiante universitario y coordinador local de Estudiantes por la Libertad Nicaragua.

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